Sesiones no presenciales y el ejercicio de derecho de voz y voto virtuales en las Sociedades

En el Perú, por Ley  31194, publicada el 14 de mayo de 2021, se modifica el articulo 21-A de la Ley General de Sociedades a fin de regular las Sesiones No presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto virtuales. Por su importancia y actualidad publicamos esta breve reseña en el presente Blog Juridico Digital.

Modificación del artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades

Se modifica el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, el que queda redactado con el texto siguiente:

“Artículo 21-A. Sesiones no presenciales y ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales Los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales, con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en su estatuto, garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión, siendo su cumplimiento de responsabilidad del que conforme al estatuto y la ley le corresponda convocarla o presidirla. Esta disposición no es aplicable cuando exista una prohibición legal o estatutaria.

Las sesiones no presenciales podrán ser convocadas por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de la constancia de recepción o a través de los demás mecanismos previstos en la presente ley. Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito digitalmente por quienes están obligados conforme a ley o su estatuto, e insertadas en el libro de actas correspondiente. Estas podrán estar almacenadas, adicionalmente, en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

El ejercicio del derecho de voto no presencial, en sesiones presenciales o no presenciales, se podrá realizar a través de firma digital, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada”.

 Adecuación de estatutos

Las sociedades constituidas que opten por realizar sesiones no presenciales podrán, según corresponda, adecuar sus estatutos a lo dispuesto en la presente ley. La sesión destinada a adecuar los estatutos podrá realizarse de manera no presencial con las mismas garantías a que se refiere el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades.

Sesiones no presenciales durante la vigencia de un régimen de excepción

Durante la vigencia de un régimen de excepción, donde se suspende el ejercicio de derechos constitucionales que impiden la realización de sesiones presenciales, los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales conforme a las reglas previstas en el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, aun cuando su estatuto no establezca la posibilidad de realizar sesiones no presenciales.

Aplicación para personas jurídicas previstas en el Código Civil y leyes especiales

Las disposiciones contenidas en la presente ley podrán aplicarse, según corresponda, a las personas jurídicas reguladas en el Código Civil y otras leyes especiales.

Comentarios

Esta modificación es aplicable a todo tipo de sociedad y a otras personas jurídicas como asociaciones, fundaciones y comités. criterios para  la realización de sesiones no presenciales utilizando medios digitales. Esta norma en el ámbito del Derecho de las Nuevas Tecnologías tiene especial importancia y actualidad porque permite la aplicación de las firmas y certificados digitales, la comunicación electrónica, la microforma digital, la contratación electrónica, la protección de datos, entre otros temas. Contiene también normas especiales a aplicarse en tiempos del COVID 19. Cordialmente, Dr. Julio Núñez Ponce. Doctor en Derecho. Experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Profesor Universitario. Contactos académicos : julionunezponce@gmail.com. Contactos profesionales y de consultoria: nunezdigitallaw@gmail.com 

Aprueban Directiva "Lineamientos para el uso de Videoconferencia en los Procesos Penales"

En el Perú, por Resolución Administrativa N° 004-2014-CE-PJ, publicada el miércoles 19 de Marzo de 2014,  el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado la Directiva N° 001-2014-PJ, denominada "Lineamientos para el uso de la Videoconferencia en los Procesos Penales". Por su importancia y actualidad publicamos esta breve reseña en el presente Blog Académico.

Antecedentes

La ley 30076, del 19 de agosto de 2013, incorpora el artículo 119-A al Código Procesal Penal, en los siguientes términos: "Artículo 119-A. Audiencia. 1. La presencia física del imputado es obligatoria en la audiencia del juicio, así como en aquellos actos procesales dispuestos por ley. 2. Excepcionalmente, a pedido del fiscal o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga".

En este contexto, se propone la Directiva a fin de regular como excepción el uso de la videoconferencia para imputados privados de libertad.

Objeto de Directiva

El objeto de la Directiva es regular la debida utilización del sistema de videoconferencia para la realización de audiencias judiciales, en los casos que conforme el ordenamiento jurídico vigente ello sea necesario, principalmente cuando por determinadas circunstancias no sea posible la presencia física de un testigo, perito, víctimas y, en determinados supuestos, los propios imputados. En este sentido, las normas contenidas en esta Directiva están dirigidas a orientar la labor de los jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, cuya actividad funcional pueda demandar el uso de videoconferencias.  

Comentarios

La Directiva N° 001-2014-CE-PJ, en comentario, está publicada en el Portal Web del Poder Judicial:  http://www.pj.gob.pe  , en el enlace del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, página principal, ícono de directivas y reglamentos. Felicitamos al Poder Judicial la aprobación de esta norma que coadyuva a optimizar el servicio de impartición de la justicia, dotarlo de mayor seguridad y celeridad procesal , promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la videoconferencia en el ámbito judicial y garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial utilizando los avances de la Informática Jurídica Judicial y del Derecho Informático. Cordialmente, Dr. Julio Nuñez Ponce. Experto en Derecho Informático. Profesor Universitario. Email: julionunezponce@gmail.com. 

Ley que tipifica el Delito de Tráfico IIícito de Datos y Ley contra el Crimen Organizado

       Por Ley N° 30076, publicada el 19 de Agosto de 2013, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de Niño y adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, se ha tipificado el delitos de tráfico ilícito de datos y el delito de estafa agravada por sustracción o acceso a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito y otras disposiciones relacionadas con los datos personales en el ámbito jurídico informático penal. Por Ley N°30077, publicada el 20 de Agosto de 2013, se ha publicado la Ley contra el Crimen Organizado. Sobre estos temas comentamos brevemente algunos de su aspectos principales en este blog.

Aspectos Preliminares

     Por Ley N° 30076 se han modificado o incorporado diversos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, y del Código de Ejecución Penal y al Código de Niños y Adolescentes con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Se han establecido disposiciones complementarias finales y disposiciones complementarias derogatorias.

      Por Ley N° 30077 se ha aprobado la Ley contra el Crimen Organizado que tiene por objeto fijar las reglas y procedimiento relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

       Delito de Tráfico IIícito de datos y otras disposiciones jurídico informático penales  

           Se ha incorporado el artículo 207-D al Código Penal, sobre Tráfico ilegal de Datos, de la siguiente forma: “El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”

    -Se ha incorporado el artículo 196-A al Código Penal, inciso 5, que establece que: “La Pena será privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos día multa, cuando la estafa se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.

    Se ha incorporado el artículo 119-A al Código Procesal Penal, señalándose que: “la audiencia, excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en caso que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga”

     Ley contra el Crimen Organizado

     La ley en comentario es aplicable, entre otros, a los siguientes delitos: violación del secreto de las telecomunicaciones;  pornografía infantil; delitos informático, delitos contra la propiedad industrial, delitos monetarios, delito de falsificación de documentos, delito de lavado de activos. Los alcances de esta ley son de aplicación a los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso.

    En los casos de los delitos cometidos a través de una organización criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba.

    En caso que exista un tratado de cooperación internacional o de asistencia judicial aplicable a los delitos contemplados en la ley, sus normas rigen el trámite de cooperación internacional, aplicándose en forma complementaria, lo dispuesto en la presente ley.

        Comentarios 

     Conforme, la modificación introducida  al Código Procesal Penal, por la Ley contra el Crimen Organizado,  los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento  de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento. Estos y otros temas de interés contienen las normas en comentario. Cordialmente, Dr. Julio Núñez Ponce, Experto en Derecho Informático. Profesor Universitario. Email: julionunezponce@gmail.com