domingo, septiembre 06, 2026

Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados

 

Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados (05/09/2026)

DECRETO SUPREMO

Nº 127-2026-PCM

Aprobación de la Política General de Gobierno del Perú 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados

Aprobar la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados, que incluye ejes y lineamientos.

Ámbito de aplicación


La Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados, que se aprueba, es de aplicación inmediata por todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y sus entidades adscritas en el marco de sus competencias.

 Ejes de la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados

La Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados se desarrolla sobre cinco ejes, los cuales se encuentran interrelacionados y guardan consistencia con el marco de políticas y planes estratégicos del país:

1. Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

2. Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.

3. Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida.

4. Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.

5. Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

Lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados

Los Lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados son los siguientes:

EJE 1: Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

L1.1 Reducir la afectación de las personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

L1.2 Mejorar el acceso oportuno, articulado y confiable de la ciudadanía a la seguridad y la justicia.

L1.3 Reducir la capacidad operativa, logística y económica de las redes de crimen organizado.

L1.4 Fortalecer la integridad, la gobernanza y legitimidad de las instituciones y servidores públicos responsables del orden interno y del servicio de justicia.

L1.5 Recuperar el control y uso seguro de los espacios públicos y territorios afectados por la violencia y las economías ilícitas.

EJE 2: Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.

L2.1 Mejorar las condiciones de ocupación y uso seguro del territorio considerando peligros, vulnerabilidades y potencialidades.

L2.2 Reducir la exposición y vulnerabilidad de la población, infraestructura y actividades económicas frente a riesgos de desastres y eventos climáticos.

L2.3 Mejorar la preparación, la respuesta y la atención oportuna de las personas frente a emergencias y desastres

L2.4 Fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas productivos, las ciudades y los ecosistemas frente al cambio climático.

L2.5 Mejorar la coordinación intersectorial, intergubernamental y público-privada para implementar oportunamente intervenciones frente al riesgo de desastres y eventos climáticos.

EJE 3: Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida.

L3.1 Fortalecer la atención en salud a lo largo del curso de vida, con énfasis en la gestación, la primera infancia y la población adulta mayor, priorizando el primer nivel de atención y la reducción de tiempos de espera.

L3.2 Mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles, priorizando la educación básica.

L3.3 Mejorar la transición de la educación al trabajo mediante el fortalecimiento de las capacidades laborales y productivas, alineadas con la demanda del mercado laboral, con énfasis en los jóvenes.

L3.4 Ampliar la protección social en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la población adulta mayor, primera infancia y personas con discapacidad.

L3.5 Fortalecer la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la primera infancia.

L3.6. Ampliar el acceso a servicios básicos de calidad con énfasis en la provisión de agua segura.

L3.7. Reducir el trabajo infantil, garantizando la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.

EJE 4: Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.

L4.1 Elevar los niveles de competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas, cooperativas u otras formas asociativas, fortaleciendo su articulación con el mercado, acceso al financiamiento, desarrollo de su madurez digital, así como sus capacidades técnicas, de gestión e innovación.

L4.2 Incrementar el acceso a empleo decente formal y productivo, especialmente para los jóvenes y la población en situación de vulnerabilidad, mediante esquemas de incentivos y otros estímulos económicos, así como la optimización de los servicios y programas de empleo, de capacitación e inserción laboral. Y el fortalecimiento del sistema de inspecciones.

L4.3 Garantizar condiciones de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, promoviendo un marco regulatorio eficiente, simple, transparente y predecible que reduzca la incertidumbre y contribuya a un entorno favorable para los negocios.

L4.4 Elevar la conectividad territorial del país, reduciendo las brechas de infraestructura de transportes, telecomunicaciones, servicios digitales y logística que afectan su plena integración, con énfasis en los territorios rurales.

L4.5 Incrementar el aprovechamiento y uso sostenible de las potencialidades y oportunidades productivas de los territorios y su biodiversidad asociada, con énfasis en la provisión de infraestructura hidráulica, impulsando la integración a los mercados.

L4.6. Fortalecer la integración del Perú con el mundo con una política exterior orientada al desarrollo humano y económico e impulsar una política comercial que genere mayor competitividad, creando oportunidades de comercio, inversión, cooperación e innovación que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población del país.

EJE 5: Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

L5.1: Fortalecer la legitimidad, representación y rendición de cuentas de las instituciones democráticas, contribuyendo a su estabilidad y funcionamiento conforme al Estado de derecho.

L5.2: Mejorar el acceso efectivo, oportuno, asequible y territorialmente cercano de las personas a mecanismos de justicia y solución de controversias centrados en sus necesidades.

L5.3. Mejorar la coordinación entre instituciones políticas, jurídicas y sociales para responder oportunamente a las necesidades de la población, con énfasis en la solución de controversias.

L5.4. Incrementar la participación informada, el diálogo y la construcción de acuerdos entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia, para fortalecer la convivencia democrática.

L.5.5. Fortalecer la capacidad institucional del Estado para implementar las políticas y decisiones públicas de manera efectiva, íntegra y sostenible.

L.5.6. Fortalecer la gobernanza y gestión de la seguridad social en salud, para la mejora de la calidad y oportunidad de las prestaciones a los asegurados.

L.5.7. Fortalecer el diálogo y la concertación social, para mejorar la productividad y competitividad del país.


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domingo, enero 11, 2026

Directiva sobre designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales

En el Perú aprueban Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales. Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 100-2025-JUS/DGTAIPD publicada el 31 de diciembre de 2025 aprueban la Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales, con Código M6.DGTAIPD.DI.001, versión 01.



OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales (ODP), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS.

DISPOSICIONES GENERALES

La Directiva contribuye con los sujetos obligados, en el entendimiento y cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales  ( LPDP)  y de su Reglamento (RLPDP) relativas al Oficial de Datos Personales (ODP); garantiza la protección de los derechos fundamentales vinculados al tratamiento de datos personales, y promueve la correcta implementación y observancia de la normativa vigente.

La actuación de los ODP garantiza la observancia de los principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia y responsabilidad proactiva, entre otros previstos en la LPDP y su Reglamento.

La función de los ODP tiene un carácter técnico especializado, orientada a la asesoría, supervisión y coordinación interna dentro de las entidades públicas, organizaciones o empresas en materia de protección de datos personales. Esta función se ejerce con autonomía técnica en el marco de sus responsabilidades. 

Las funciones del ODP en su calidad de asesor y supervisor técnico, no deben confundirse con las ejercidas por el obligado a la designación del mismo; no es función ni responsabilidad del ODP determinar la finalidad, el contenido o los medios de tratamiento de los datos, ni tampoco ser el ejecutor de dicho tratamiento.

La designación del ODP no implica la transferencia o exoneración de las funciones y responsabilidades atribuidas por la LPDP y su Reglamento a los obligados.

El obligado, debe dotar al ODP de las herramientas, condiciones, facilidades y recursos suficientes que permitan el desempeño efectivo y óptimo de sus funciones.

Cualquier organización o empresa que no se encuentre obligada legalmente a designar un ODP pueda hacerlo como buena práctica. En tal supuesto, debe garantizarse que no exista confusión respecto a su cargo, puesto y funciones; asimismo, debe cumplir con lo dispuesto en el LPDP y la normatividad vigente en la materia.

La directiva rige desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que la misma prevea un plazo de adecuación para el cumplimiento de alguna de sus disposiciones o no hayan transcurrido aún las fechas establecidas en el calendario previsto en la primera disposición complementaria final del RLPDP. 

La ANPD establece el criterio interpretativo ante dudas sobre la procedencia o alcance de la obligación de designación de un ODP.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Designación del Oficial de Datos Personales (ODP )

La designación del ODP debe realizarse mediante un acto formal adoptado por el máximo órgano de administración de la entidad pública, organización o empresa.

En el caso de organizaciones o empresas se puede emplear la denominación documental que corresponda a su régimen societario interno (acuerdo, resolución, acta o instrumento equivalente), siempre que asegure la validez formal del nombramiento y permita su verificación ante la ANPD.  

Designación del ODP en entidades públicas

Cada entidad pública debe designar a un ODP, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 37.1 del RLPDP. Esta designación es indispensable para el cumplimiento de la normativa vigente

La designación del ODP recae en la entidad principal o central cuando la entidad pública cuenta con dependencias o sedes descentralizadas que no posean autonomía técnica, administrativa o presupuesto propio.

El ODP designa, de ser necesario, un punto de contacto en las dependencias o sedes descentralizadas, para trasladar consultas, coordinar la implementación de directivas o políticas de protección de datos y garantizar la correcta aplicación de la normativa a nivel institucional. 

Evaluación para designación del OPD por tratamientos de grandes volúmenes de datos personales

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) aplica una evaluación conforme a los siguientes criterios: 

a) El número de titulares comprendidos en el tratamiento (criterio determinante)

 b) Sensibilidad y tipología de los datos personales (criterio determinante)

 c) Finalidad del tratamiento o riesgo asociado a derechos o libertades (criterio determinante)

 d) Frecuencia, duración o continuidad del tratamiento (criterio modulador) 

e) Demarcación territorial del tratamiento (criterio modulador)   

Los criterios para identificar un tratamiento de grandes volúmenes de datos son los siguientes:

A) Número de titulares: El criterio de número de titulares incorpora lo previsto en la normativa vigente2 considerando la magnitud del tratamiento, entendida como la evaluación conjunta del número de titulares involucrados y la cantidad de datos personales tratados respecto de cada uno de ellos. 

B) Sensibilidad y tipología del dato: Este criterio desarrolla lo referido al tipo de datos personales señalado en la normativa de protección de datos personales3 ,que comprende tanto las categorías generales de datos personales como aquellas especialmente protegidas como los datos sensibles, cuya exposición incrementa la magnitud y riesgo del tratamiento. 

Este criterio evalúa la intensidad del tratamiento considerando la sensibilidad del dato y el número de titulares respecto de los cuales se tratan dichos datos sensibles.

La sensibilidad y tipología se identifican considerando las siguientes categorías de datos personales, cuya presencia en el tratamiento constituye un factor cualitativo que se integra a la evaluación cuantitativa:

  • Datos relativos a salud, origen étnico, racial, convicciones religiosas, filosóficas o morales, orientación sexual, afiliación sindical y datos biométricos que permitan identificar de manera unívoca a la persona. • Datos financieros, patrimoniales o de solvencia económica. 

• Datos de geolocalización, telecomunicaciones o seguimiento de actividades en línea. 

• Datos relativos a menores de edad u otros grupos en situación de especial vulnerabilidad.

 Constituyen datos sensibles, por el impacto en la esfera más íntima de la persona, también los datos genéticos o biométricos, datos neuronales o los derivados del sistema nervioso periférico, datos morales o emocionales, hechos o circunstancias de la vida afectiva o familiar, información relativa a la afiliación sindical, salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad, los cuales deben ser evaluados como factores cualitativos.

C) Finalidad y riesgo asociado: Este criterio evalúa la finalidad del tratamiento y el nivel de riesgo que la misma genera sobre los derechos y libertades de los titulares, atendiendo al impacto de sus decisiones, inferencias, evaluaciones o usos derivados del tratamiento de datos personales. 

Cuando la finalidad del tratamiento tenga la capacidad de producir un perjuicio evidente, es decir, una amenaza cierta o reconocible a los derechos o libertades del titular, dicho tratamiento se considera de nivel alto, conforme a la normativa de la materia.

D) Frecuencia, duración y continuidad del tratamiento Este criterio evalúa la regularidad, persistencia y continuidad del tratamiento de datos personales, Considerando el tiempo durante el cual se realiza, la periodicidad de las operaciones y la intensidad temporal del tratamiento del procesamiento. 

E) Demarcación territorial del tratamiento Este criterio evalúa la ubicación donde los datos personales son tratados, sea en bancos de datos personales contenidos total o parcialmente en servidores ubicados fuera del territorio nacional, dentro del territorio o de forma local. 

Perfil e idoneidad del Oficial de Datos Personales (ODP)

El ODP se designa considerando sus cualidades profesionales y, en particular, sus conocimientos especializados y experiencia práctica en materia de protección de datos personales, debidamente acreditados.

La designación siempre recae en una persona natural, lo que no impide que esta se vincule a una persona jurídica a la que pertenece o represente para el cumplimiento de sus funciones y siempre que no se encuentre impedida de hacerlo.

Experiencia profesional

Experiencia general: No inferior de dos (2) años, desempeñando labores afines a la materia de protección de datos personales de manera continua o acumulada y/o en materias como seguridad y gestión de la información, ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia artificial o cualquier otra materia vinculada al tratamiento de datos personales en entidades públicas y/o privadas. 

Experiencia específica: No inferior a un (1) año desempeñando labores en materia de protección de datos personales de manera continua o acumulada; la cual se puede acreditar a través de la experiencia profesional pública o privada, puede ser a nivel nacional o internacional. 

Formación académica y complementaria

La formación y conocimientos en protección de datos personales se pueden acreditar mediante la experiencia probada y continua en la docencia universitaria o en la investigación sobre temas de protección de datos personales y/o afines.

La formación académica puede ser acreditada de acuerdo a los siguientes requisitos: 

a) Contar con estudios de posgrado concluidos o grado académico afines a la materia de protección de datos personales y/o en materias como seguridad y gestión la información, ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia artificial o cualquier otra materia vinculada al tratamiento de datos personales en entidades públicas y/o privadas. 

b) Contar con certificado de especialización y/o diplomado en protección de datos personales o las materias afines señaladas en el literal precedente, con una duración mínima de noventa (90) horas lectivas para los certificados y ciento veinte (120) horas lectivas para los diplomados.

Para garantizar la formación académica las capacitaciones, certificaciones o diplomados (nacionales o extranjeros), deben ser impartidos por entidades o instituciones formativas que cuenten con reconocido prestigio y trayectoria en protección de datos personales, seguridad de la información, ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia artificial o cualquier otra materia afín al tratamiento de datos personales.

Conocimientos e independencia

Constituye un criterio orientativo, el conocimiento del sector en el que se inserta la entidad pública, organización o empresa, las regulaciones aplicables al mismo y las obligaciones derivadas de ellas que incidan, directa o indirectamente, en las operaciones de tratamiento de datos personales.

Es indispensable que el ODP conozca las normas internas, directivas, lineamientos, y procedimientos que regulan la gestión institucional de la entidad pública, organización o empresa, en materia de protección de datos personales.

El ODP ejerce sus funciones con independencia funcional, lo que implica que la entidad pública, organización o empresa, no puede instruirlo o direccionarlo sobre el contenido de sus opiniones, recomendaciones o decisiones técnicas en materia de protección de datos personales. 

La independencia funcional no modifica la dependencia jerárquica ni la estructura organizacional.

El ODP, sea un servidor de la entidad pública, organización o empresa o un tercero, no puede ser sancionado, removido o sufrir cualquier forma de represalia por el contenido de sus informes, opiniones o recomendaciones en materia de protección de datos personales.

El ODP reporta funcionalmente a la máxima autoridad de administración de la entidad pública, organización o empresa, garantizando en todo momento su independencia funcional. 

La independencia funcional no excluye la responsabilidad del ODP en casos de dolo, negligencia o incumplimiento de las obligaciones o funciones establecidas en la LPDP, el RLPDP, el Código de Ética de la Función Pública, o contrato de prestación de servicios según corresponda. 

Idoneidad moral y ética

Para personas naturales: - No debe tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. - No contar con sanción y/o inhabilitación vigente a consecuencia de un procedimiento disciplinario u otro análogo. - No es idónea la persona que tenga una investigación penal formal o condena por delitos informáticos. - No es idónea la persona que haya sido sancionada por faltas éticas vinculadas al tratamiento de información, protección de datos personales, transparencia, confidencialidad o integridad en el ejercicio de la función pública o profesional. 

Si el ODP es asumido por una persona natural contratada a través de una persona jurídica, se debe verificar que dicha persona jurídica no haya sido responsable administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley N° 30424, ni haber sido inhabilitada o suspendida para contratar con el estado.

Funciones del Oficial de Datos Personales (ODP)

El ODP desempeña las funciones previstas en la normativa vigente. Las entidades públicas y los actores privados elaboran guías, lineamientos, directrices y/o protocolos internos que expliciten los supuestos bajo los cuales se podrá requerir o solicitar la asistencia del ODP, los cuales también deben servir para regular más exhaustivamente el marco de su actuación en el desempeño de sus funciones.

El OPD presta especial atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento de datos personales, considerando su naturaleza, alcance, contexto y fines. Esta labor coadyuva a la entidad pública, organización o empresa en el asesoramiento para la realización de evaluación de impacto en protección de datos personales, de corresponder.

El ODP orienta y/o propone en lo siguiente: - Definición de la metodología a utilizar. - Identificación de los ámbitos sujetos a auditoría y revisión. - Programación de actividades de formación y capacitación. - Identificación de las operaciones de tratamiento de datos que se lleven a cabo por la entidad pública, empresa u organización.

a) Coordinar según corresponda, la realización de programas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de la entidad pública, organización o empresa, en materia de protección de datos personales.

 b) Gestionar, según corresponda, con la entidad pública, organización o empresa, la conformación de un equipo de apoyo en materia de protección de datos personales, cuando la magnitud de las funciones de supervisión o asesoramiento así lo requieran, a fin de facilitar el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades. 

c) Elaborar informes, opiniones o recomendaciones técnicas o de supervisión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales dentro de la entidad pública, organización o empresa, cuando se solicite o corresponda, los cuales deben ser puestos en conocimiento de la alta dirección de la entidad pública, directorio o análogo de la organización o empresa. 

d) Recabar, según corresponda, información de las unidades, oficinas o departamentos pertinentes de la entidad pública, organización o empresa, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en las actividades de tratamiento de datos personales. 

e) Revisar la información pertinente y realizar un examen de correspondencia de la información obtenida con los contenidos comprendidos en la LPDP y su Reglamento, o normas y documentos afines.  

f) Revisar periódicamente las resoluciones, opiniones, guías y demás documentos emitidos por la ANPD, en cuanto resulten relevantes para el cumplimiento eficiente de sus funciones.

 g) Promover una cultura de protección de datos personales dentro de la entidad pública, organización o empresa.

Capacidad para el cumplimiento de sus funciones

El ODP debe tener la capacidad de cumplir las funciones derivadas de su designación, lo que supone contar con conocimientos teóricos y prácticos en materia de protección de datos personales, así como con competencias que le permitan desempeñar su rol dentro de la entidad pública, organización o empresa.

La participación oportuna del ODP garantiza la aplicación práctica de los principios previstos en la Ley y su Reglamento, así como la efectividad para la atención de los derechos de los titulares.

El ODP tiene la capacidad de articular, cuando corresponda, con la ANPD y con los distintos actores relacionados a la materia, como aquellos vinculados al marco de confianza digital, gobernanza de datos, interoperabilidad, identidad, servicios, seguridad y arquitectura digitales del Estado, así como al Sistema Nacional de Transformación Digital.

Si el ODP es externo, el contrato que lo vincule debe garantizar, en lo aplicable, las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Accesibilidad y ubicación 

La entidad pública, organización o empresa que designe al ODP debe comunicar dicha designación a la ANPD. La comunicación se realiza a través de la mesa de partes virtual del MINJUSDH, dirigida a la DGTAIPD.

La comunicación con la ANPD debe incluir como mínimo los siguientes datos: a) Nombres y apellidos completos del ODP. b) DNI o documento equivalente de identificación. c) Cargo o rol dentro de la entidad, organización o empresa. d) Datos de contacto (correo electrónico institucional, teléfono, domicilio físico en Perú, si corresponde).

Garantías para el desempeño funcional

Para asegurar el adecuado desempeño funcional del ODP, se deben implementar, como mínimo, las siguientes garantías: - Proveer la infraestructura, financiamiento y acceso a formación continua necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. - Evitar que se impartan instrucciones al ODP respecto al criterio técnico o jurídico que deba adoptar. - Facilitar el acceso del ODP a la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones. - Asegurar su participación o consulta oportuna en decisiones que incidan en el tratamiento de datos personales.

 Conflicto de intereses

El ODP desempeña funciones en pro de la protección de los datos personales que son tratados por su entidad, organización o empresa; por lo tanto, no debe incurrir en situaciones que hagan inviable dicho desempeño por un conflicto de intereses.

Se entiende por conflicto de intereses cualquier situación en la que los intereses personales, profesionales o económicos del ODP interfieren en el cumplimiento objetivo e independiente de sus funciones. 

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miércoles, marzo 26, 2025

Incorporación del Voto Digital por Ley que modifica Ley Orgánica de Elecciones

 


En el Perú, por Ley 32270, publicada el 24 de marzo de 2025, se modifica la Ley Orgánica de Elecciones a fin de incorporar el Voto Digital. Por su importancia y actualidad publicamos un breve alcance en el presente Blog Jurídico Digital.

 Alternatividad del voto digital

El voto digital o sufragio digital es un mecanismo alternativo y equivalente al sufragio por cédula. Su uso es voluntario y su aplicación, progresiva.

El voto digital garantiza el carácter personal, libre, igual y secreto del voto, para lo cual se implementan mecanismos de seguridad digital que garanticen dichos atributos.

La solución tecnológica mediante la cual se viabiliza el voto digital garantiza como atributos mínimos la integralidad, la disponibilidad y la confidencialidad de esta.

Requisitos y procedimiento para optar por el voto digital

Cualquier ciudadano que cuente con un documento nacional de identidad electrónico con certificado digital vigente puede emplear el voto digital en cualquier tipo de elección o consulta popular, previo registro ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) proporciona a la ONPE la información que requiera, vinculada al documento nacional de identidad electrónico.

Para las elecciones generales, regionales y municipales, el registro para emplear el voto digital se realiza desde los quince días calendario posteriores al cierre del padrón electoral hasta los ciento veinte días calendario previos a la fecha de la elección. En ninguna circunstancia procede el registro extemporáneo.

El voto digital puede emplearse voluntariamente en los procesos regulados en la Ley 26300, que regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos, para lo cual la ONPE establece el periodo de registro. En ninguna circunstancia procede el registro extemporáneo.

Con base en el padrón electoral aprobado y el registro de electores para el voto digital, la ONPE elabora una lista única de electores que incluye a todos los ciudadanos que hayan optado por el voto digital.

Mesa de sufragio digital

La mesa de sufragio digital agrupa a los electores que han optado por emplear dicha alternativa, para lo cual la ONPE constituye las mesas de sufragio digital que considere necesarias.

La mesa de sufragio digital está compuesta por nueve miembros titulares y nueve suplentes, quienes desempeñan las funciones de presidente de mesa, secretario y tercer miembro. La designación se realiza por sorteo entre una lista de setenta y cinco ciudadanos que registren grado de instrucción superior ante el RENIEC del distrito donde se instala la mesa de sufragio digital. El cargo de miembro de mesa de sufragio digital es irrenunciable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, y le son aplicables los beneficios establecidos en el artículo 55.

En las mesas de sufragio digital, los miembros titulares desempeñan su función por, al menos, ocho horas durante el periodo de votación correspondiente a los husos horarios dispuestos. Luego de culminado su turno, son reemplazados por los otros miembros titulares, y en caso de ausencia o impedimento sobreviniente a su designación, son sustituidos por los miembros suplentes.

La designación de los miembros de mesa de sufragio digital por la ONPE se realiza hasta antes de los setenta días previos a la fecha de la elección, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63 y 64, en lo pertinente.

La ONPE dispone el lugar de funcionamiento de las mesas de sufragio digital, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 66 y 67, en lo pertinente.

 Instalación de las mesas de sufragio digital y horario de votación

La instalación de las mesas de sufragio digital y el horario de votación se rigen en lo aplicable por lo dispuesto en los artículos 249, 250 y 274. En las mesas de sufragio digital que conglomeren peruanos en el extranjero, todos los actos referentes a la instalación de la mesa y el horario de votación se realizan conforme a los husos horarios de la jornada electoral fijados por la ONPE.

 Escrutinio de los votos

Para la votación digital, el escrutinio es automatizado. Los miembros de mesa validan los resultados y suscriben el acta de escrutinio. Corresponde a los miembros de mesa que estén de turno en el momento del cierre de la votación suscribir el acta de escrutinio, aun cuando el acta de instalación haya sido suscrita por miembros del primer turno y por los personeros debidamente acreditados.

Seguridad de la solución tecnológica

Las herramientas digitales empleadas para el voto digital son auditadas antes y después de cada proceso electoral, para lo cual el JNE y la ONPE designan personal técnico especializado para el seguimiento continuo del funcionamiento y seguridad de dichas herramientas digitales.

El código fuente adecuado para cada proceso electoral convocado es compartido con las organizaciones políticas que lo soliciten hasta un día antes de la jornada electoral.

 

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jueves, septiembre 05, 2024

Incorporan Funciones de Ciberdefensa en Leyes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina de Guerra del Perú.

 


En el Perú, por Decretos Legislativos 1639, 1640 y 1641, publicados el 04 de Septiembre de 2024, se ha modificado las normas necesarias para incorporar las funciones de Ciberdefensa en la Ley del Comando Conjunto de las Fueras Armadas, Ley del Ejercito Peruano y de la Marina de Guerra del Perú. Por su importancia y actualidad publicamos este alcance en el presente Blog Juridico Digital.

Antecedentes 

La Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa, establece el marco normativo en materia de ciberdefensa del Estado peruano, regulando las operaciones militares en y mediante el ciberespacio a cargo de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa dentro de su ámbito de competencia, conforme a ley;

En atención a la delegación de facultades otorgadas y conforme a lo previsto en la Ley N° 30999, se requiere modificar por Decreto Legislativo 1639 la norma de organización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el objeto de incorporar la competencia y funciones asignadas en la Ley N° 30999; así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional en cada órgano ejecutor;

Asimismo, por Decreto Legislativo 1640, conforme a lo previsto en la Ley N° 30999, se modifica el Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú, con el objeto de incluir la competencia y funciones de Ciberdefensa; así como precisar la ubicación del órgano de línea en su estructura organizacional;

Finalmente, conforme a lo previsto en la Ley N° 30999, se modifica por Decreto Legislativo 1641, las normas de organización de la Marina de Guerra del Perú, con el objeto de incorporar la competencia y funciones asignadas en la Ley N° 30999, así como precisar la ubicación del órgano de línea en su estructura organizacional;

Modificación de Ley de Comando Conjunto de las Fueras Armadas

Por Decreto Legislativo 1639.


Modificación del artículo 3, del artículo 4 reordenando sus numerales, y el numeral 5.6 del artículo 5, del Decreto Legislativo Nº 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Modificar el artículo 3, el artículo 4 reordenando sus numerales, y el numeral 5.6 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, conforme al siguiente detalle:

“Artículo 3. Ámbito de Competencia

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúa el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas y ejecución de operaciones de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias, en función de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, a fin de garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial de la República.”

“Artículo 4. Funciones

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desarrolla las siguientes funciones:

4.1 Garantizar a través de las Fuerzas Armadas, la soberanía e integridad territorial en los espacios aéreo, terrestre, marítimo, lacustre, fluvial y ciberespacio de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes.”

(…)

“4.23. Planificar y ejecutar las operaciones militares de ciberdefensa, en y mediante el ciberespacio, así como el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la normatividad vigente.

4.24 Planificar, coordinar, organizar y conducir operaciones militares de ciberdefensa, en y mediante el ciberespacio, para el control y protección de activos críticos nacionales y recursos claves, de acuerdo con la normatividad vigente.

4.25 Dirigir y centralizar el registro de información sobre ataques informáticos y patrones de amenazas de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, aplicando los mecanismos de información clasificada.”

4.26 Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan.

4.27 Las demás que se señalen por ley”.

“Artículo 5. Estructura Orgánica Básica

(…)

5.6 Órganos de Línea. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta con Comandos Operacionales y Especiales, encargados de las operaciones y acciones militares conjuntas y las operaciones de ciberdefensa de su responsabilidad.”


Modificación del Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú.

Se modifica el artículo 3, el numeral 2) del artículo 4, el numeral 7) del artículo 5 y el numeral 15) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú, conforme al siguiente texto:

“Artículo 3. Ámbito de competencia

El Ejército del Perú controla, vigila y defiende el territorio nacional, así como el ciberespacio con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.

(….)”

“Artículo 4. Funciones

El Ejército del Perú, en el marco de sus competencias y de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico, cumple las siguientes funciones:

(…)

2) Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del territorio nacional, así como del ciberespacio con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias, en concordancia con la normatividad legal vigente.

(…)”

“Artículo 5. Estructura Orgánica Básica

El Ejército del Perú está compuesto por los siguientes órganos y sus funciones y atribuciones específicas se establecerán en el reglamento de la presente norma:

(…)

7) Órganos de Línea

Los Órganos de Línea son los entes operacionales de la institución y lo conforman las Divisiones de Ejército, la Aviación del Ejército y el Comando de Operaciones Cibernéticas.

(…)”

“Artículo 7. Funciones

Son funciones del Comandante General del Ejército del Perú, las siguientes:

(…)

15) Disponer y supervisar que se ejecuten las acciones para el control, vigilancia y defensa del territorio nacional, así como del ciberespacio con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias.

(…)”

Artículo 3. Incorporación del artículo 17-A al Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú

Incorporar el artículo 17-A al Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú, conforme al siguiente texto:

“Artículo 17-A.- Comando de Operaciones Cibernéticas

El Comando de Operaciones Cibernéticas opera, defiende, responde, influye e informa en el dominio del ciberespacio, en el ámbito de su competencia, para proteger y defender la información y las comunicaciones, a través de la capacidad de ciberdefensa, asegurando el comando y control, frente a las amenazas que afecten la seguridad nacional, los intereses nacionales, los activos críticos nacionales (ACN) y recursos claves (RC) para mantener las capacidades nacionales en el área de su responsabilidad.

El cargo de Comandante General de Operaciones Cibernéticas es ejercido por un Oficial del Grado de General.

Su organización interna, conformación y funciones se regulan en el reglamento de la presente norma.”


Modificación del Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú


Se modifica el artículo 3, el numeral 2) del artículo 4, el numeral 7) del artículo 5 y el numeral 16) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 3. Ámbito de competencia

La Marina de Guerra del Perú controla, vigila y defiende el dominio marítimo, el ámbito fluvial, lacustre y el ciberespacio y con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.”

(….)

“Artículo 4. Funciones

La Marina de Guerra del Perú, en el marco de sus competencias y en atención al ordenamiento jurídico vigente, cumple las siguientes funciones:

(…)

2) Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre del país, así como del ciberespacio y con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias.”

(…)

“Artículo 5. Estructura Orgánica Básica

La Marina de Guerra del Perú está compuesta por los siguientes órganos y sus funciones y atribuciones específicas se establecerán en el reglamento de la presente norma:

(…)

7) Órganos de Línea

Los Órganos de Línea son aquellos entes operacionales de la institución y lo conforman las Comandancias Generales de Operaciones, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y la Comandancia de Ciberdefensa.”

(…)

“Artículo 7. Funciones

Son funciones del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, las siguientes:

(…)

16) Disponer y supervisar que se ejecuten las acciones para el control, vigilancia y defensa del ámbito marítimo, fluvial y lacustre del país, así como del ciberespacio y con la capacidad de ciberdefensa en el ámbito de sus competencias.

(…)”

Artículo 3. Incorporación del artículo 20-A al Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú

Incorporar el artículo 20-A al Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20-A.- Comandancia de Ciberdefensa

La Comandancia de Ciberdefensa es un órgano que ejerce el control, la vigilancia y la defensa del entorno digital o ciberespacio, orientado a la defensa y protección de la soberanía, los intereses nacionales, los activos críticos nacionales (ACN) y recursos claves (RC) para mantener las capacidades nacionales en el área de su responsabilidad.

El cargo de Comandante de Ciberdefensa es ejercido por un Oficial Almirante.

Su organización interna, conformación y funciones se regulan en el reglamento de la presente norma.”



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